PLIEGOS TIPO: ¿TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA?

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POR GUILLERMO ESCOLAR FLÓREZ

 

El principio de transparencia se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 80 de 1993, sin embargo, en la actualidad, dicho postulado se encuentra consagrado en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, el cual básicamente dispone que la escogencia de contratistas se efectuará, por regla general, a través de licitación pública.

 

En ninguna de las anteriores leyes se define lo que es transparencia, pero es claro que con este mandato se buscaba brindar garantías en los procesos de contratación, democratizando la participación en los mismos, al obligar a las entidades a contratar mediante licitación pública, para de esta manera lograr un mayor número de ofertas, y, consecuencialmente, al menos en teoría, mejores condiciones de contratación para el Estado. Por ello se considera que el principio de transparencia es un desarrollo del derecho a la igualdad, como quiera que permite a los administrados la libre participación en las licitaciones públicas.

 

En contraste con esta noble causa, están las cifras de los informes presentados por el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Según Carlos García Montes, actual Director General del INVÍAS, para el año 2015, de cada 100 licitaciones a nivel municipal, 83 tenían un único proponente; y a nivel departamental, de cada 100 procesos, 53 seguían la misma suerte. Por otra parte, según el Observatorio de Contratación de la CCI, para el año 2016, el 87% de los procesos mostraron únicas ofertas a nivel municipal, mientras que a nivel departamental ese indicador era del 71%.

 

Esas cifras no son sino el resultado de irregularidades en los procesos de contratación, en los que todavía impera el pliego sastre, que como su nombre lo indica, responde a documentos elaborados a la medida de los contratistas amigos de las administraciones de turno. Así, muy a pesar de que se surtan procesos de licitación pública, realmente no se puede hablar de la igualdad de condiciones frente a los oferentes, luego tampoco de transparencia.

 

Este grave síntoma que aqueja a la contratación pública busca encontrar su remedio con la implementación de los pliegos tipo, documentos cuya adopción estará a cargo del Gobierno Nacional, contendrán condiciones y parámetros uniformes, y serán de obligatorio cumplimiento para las entidades contratantes en los procesos de selección de obras públicas. Se pretende que con estos nuevos pliegos las entidades líderes de los diferentes sectores, como en infraestructura son el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura o el INVÍAS, determinen las condiciones técnicas a incluir en los pliegos. En cuanto a las condiciones de orden financiero, éstas estarán a cargo de Colombia Compra Eficiente.

 

Los pliegos tipo fueron introducidos por el artículo 4º de la Ley 1882 de 2018, que empezará a regir a partir del 15 de julio del presente año. Esta clase de pliegos, interpretando el pensar de las autoridades nacionales, traerán como beneficios, entre otros, que los procesos de contratación pública se adelantarán de manera transparente, pues cerrarán las puertas a la inclusión de esos requisitos amañados que sólo suele cumplir un proponente; y, además, reducirán los tiempos de preparación de las propuestas, toda vez que los requisitos se conocerán de antemano. Según el actual Director del INVÍAS, la aplicación de los pliegos tipo por parte de dicha entidad, entre los años 2011 y 2017, le permitió adjudicar contratos por más de $9.3 billones, en 676 procesos con más de 32.000 propuestas, lo que arrojó un promedio de 48 oferentes por cada contrato. Sin duda, se trata de datos alentadores.

 

Todo parece indicar que con la Ley 1882 se contará con eficaces herramientas para que en los procesos de contratación pública gobierne la trasparencia, pero resulta oportuno preguntarse si ¿acaso no se pensaba lo mismo luego de la expedición de la Ley 80 de 1993, así como de sus posteriores reformas?

 

Colombia está saturada de normas que penalizan todo tipo de conductas irregulares, tanto por parte de los funcionarios públicos, como de los contratistas. No obstante, los índices de corrupción se mantienen en curva ascendente. Si la solución a los problemas de corrupción que rodean la contratación pública dependiera exclusivamente de normas, nuestro país sería un punto de referencia para todo el planeta, pues normas son las que nos sobran.

 

Lamentablemente, está más que demostrado que no basta con leyes para erradicar de este país el cáncer que lo carcome: la corrupción. Para que se imponga el principio de transparencia en la contratación pública, no es suficiente con la implementación de los pliegos tipo, sino que se requiere también un cambio radical en la conducta de muchos funcionarios públicos y contratistas, una conducta en la que reine la ética.

 

 

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