¿CADENA PERPETUA?

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POR GUILLERMO ESCOLAR FLÓREZ

 

Los recientes hechos ocurridos en el municipio de Fundación, en los que fue cruelmente abusada y asesinada la menor Génesis Rúa, han abierto en el país el debate en torno a las penas que se deben contemplar respecto de este tipo de delitos. La discusión la planteó el Presidente Iván Duque, quien, siendo coherente con su propuesta de campaña, expresó la necesidad de adoptar la cadena perpetua para castigar a los abusadores y asesinos de menores de edad.

 

Muchas voces manifestaron por diferentes medios de comunicación su rechazo a esta postura, argumentando que se trata de una medida populista que solo pretende ganar favores políticos de la comunidad, abusando del dolor de las víctimas; otras, señalaron que el problema de los abusos de menores de edad no requiere de nuevas normas, toda vez que las ya establecidas son suficientemente duras (60 años de cárcel), lo que en la práctica ya constituye una vida tras las rejas; y, algunas opinaron que la cadena perpetua es la negación del principio de resocialización de las penas.

 

Hay que iniciar por advertir que el caso de Génisis no es el primero que se presenta en el país. Los indicadores por abusos y asesinatos de menores son espeluznantes, basta con mirar las estadísticas del ICBF para sentarse a llorar. Solo por mencionar unos casos, ¿cómo olvidar las víctimas de Garavito, la atroz muerte de la pequeña Yuliana Samboní o los horrores cometidos por el “Lobo Feroz”? Los crímenes en contra de nuestros menores no son una problemática reciente, la novedad es que las tasas se vienen incrementando en forma exponencial.

 

Tampoco es la primera vez que se plantea la posibilidad de implementar la cadena perpetua. La indignación que generan los crímenes en contra de los menores de edad siempre ha hecho de aquélla una medida por la que clama la ciudadanía. Así las cosas, afirmar que la promoción de la cadena perpetua es una posición populista, que solo pretende obtener los favores políticos de la comunidad, es negar una realidad que brota de bulto, lo que es tan o más cuestionable que pretender cerrar el debate antes de que se abra, apelando a ese solo argumento. ¡Eso sí que es un irrespeto a las víctimas!

 

Por otra parte, pensar que con las leyes actuales se puede hacer frente a los abusadores de menores de edad, es tan insensato como afirmar que la cadena perpetua acabaría per se con ese flagelo. La cadena perpetua es necesaria y urgente, pero solo es parte de la solución.

 

La descomposición social que vive el país demuestra que los niños son violentados muchas veces desde su núcleo familiar. El Estado debe destinar mayores esfuerzos a la prevención de estos deplorables delitos, mejorando sus políticas públicas a partir del entorno del hogar, estableciendo mecanismos que permitan identificar con más eficacia las víctimas potenciales, al valorar información como los antecedentes penales, las denuncias presentadas, la información obtenida en los establecimientos educativos, etc.

 

Pero dichas políticas deben necesariamente estar acompañadas de penas verdaderamente ejemplarizantes para ser eficaces. Es cierto que la máxima pena prevista en Colombia es de 60 años, más no es preciso indicar que ésta pueda, en la práctica, terminar por ser una cadena perpetua. Ello es así, por cuanto esos 60 años son el techo de la pena, de manera que puede haber hoy en día condenas inferiores por estos delitos, aspecto que seguramente ha incidido en que las tasas de criminalidad sigan in cresciendo.

 

Lo anterior nos indica que la pena actualmente establecida no está cumpliendo con uno de sus principales fines, la prevención general del delito. En efecto, cuando bajo el imperio de una disposición normativa, con la cual se pretende motivar a la colectividad en contra de la comisión de un delito, no hacen sino incrementar las tasas de criminalidad, indefectiblemente se hace necesaria la valoración sobre la eficacia de la misma.

 

Por último, oportuno es aceptar que otra de las finalidades de las penas es la prevención especial del delito, la cual hace relación al principio de resocialización. Sin embargo, impedir el derecho de reinserción a la sociedad a delincuentes como el Monstruo de Fundación, el Lobo Feroz o Garavito, no debe mirarse como la negación de la finalidad de la prevención especial del delito (resocialización), sino como el resultado de un juicio de ponderación, propio de un Estado Social de Derecho, en el que prime el interés general de la colectividad, y, por ende, la prevención general del delito, es decir, en el que se contemple una pena eficaz como medio de prevención de los delitos en contra de los menores de edad, una pena como la cadena perpetua.

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