Con el objetivo de impulsar la empleabilidad de los adultos mayores que no gozan de pensión, entró en vigencia la Ley 2040 de 2020.
Con ella, los empleadores contribuyentes que estén obligados a presentar declaración de rentan y complementarios, que contraten a personas que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión, tienen derecho a deducir en el impuesto sobre la renta el 120% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados al adulto mayor durante los años gravables en los que el empleado esté vinculado laboralmente con el contribuyente.
Esta medida, en palabras del Gobierno Nacional, promueve la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor y garantiza un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable.