Por Kenny Cassiani
Al hablar del 2020 muchos nos inclinaremos por traer a nuestros recuerdos circunstancias negativas o desfavorables para nuestros proyectos, no obstante, este año pareciera dar una nueva oportunidad a la digitalización de la justicia en Colombia.
En enero de la presente anualidad se cumplieron 4 años de la entrada en vigor del Código General del Proceso, esa compilación normativa que era vista por su Comisión Redactora como un punto de referencia en cuanto a inmediatez, celeridad y tecnología, sin embargo, hasta la fecha solo las superintendencias habían revindicado el legado de este Código.
La Superintendencia de Sociedades y la de Industria y Comercio, llenaron las expectativas que todos teníamos sobre la justicia digital, a través de sus sistemas hemos podido conectarnos en cualquier parte de mundo y presenciar las audiencias, recibir interrogatorios, testimonios y escuchar las decisiones de sus delegados, no obstante, aún estábamos en deuda de implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la rama judicial.
El Decreto 806 de 2020 y la necesidad de guardar el distanciamiento social le han brindado una nueva oportunidad a la justicia, estas circunstancias han obligado a abogados, clientes y funcionarios a utilizar todas las herramientas tecnológicas disponibles en pro de agilizar los procesos y obtener una pronta resolución de los conflictos jurídicos en medio del contexto que todos conocemos.
Por parte de los funcionarios de la justica, luego de 20 días de reanudarse los términos, la tarea se está cumpliendo a cabalidad, los procesos han avanzado pese a la novedad, las tutelas se han estado resolviendo incluso más rápido que antes, y, salvo algunos inconvenientes técnicos, las audiencias virtuales han sido un éxito. No obstante, se espera que luego de la efervescencia y de demostrar que son capaces de adaptarse a la tecnología, no se vuelva al desinterés que caracterizaba a la función pública judicial en tiempos pasados.
En cuanto a los abogados el reto no es menor, los litigantes deberemos desacostúmbranos a preguntar todos los días en la ventana del juzgado por el proceso, pues el distanciamiento social y la berrera que brinda la tecnología lo impedirán; de igual forma, deberemos desincentivar aquellas prácticas de esconder nuestras defensas o evitar que la contraparte conozca nuestras estrategias de litigio, pues el Decreto 806 de 2020 es un manifiesto a ejercer la profesión con decoro, rectitud, buena fe y transparencia.
Aunque cotidianamente es común utilizar los medios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para la justicia en Colombia esto apenas comienza, por ejemplo, apenas llevamos 20 días de poder ser notificados de cualquier providencia judicial vía correo electrónico. Por tanto, valdrá la pena cada esfuerzo, cada error y cada crítica para mejorar, la intención es que estas nuevas formas de la justicia en Colombia perduren más allá de este contexto pandémico y que todo vaya encaminado a la consecución de los principios de inmediatez y celeridad en los procesos.