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POR GUILLERMO ESCOLAR FLÓREZ

 

La sociedad colombiana padece de una crisis de valores que se ha enquistado en lo más profundo de la conciencia de un gran número de sus miembros. La nuestra, duele decirlo, es una cultura que hace apología de la ley del más “vivo”. Es usual en nuestro entorno toparnos con la compra de películas piratas; la apropiación de objetos perdidos; el incumplimiento de las normas de tránsito; el soborno de autoridades públicas, desde policías de tránsito hasta jueces de la República; la defraudación a la administración de impuestos; el incumplimiento de las obligaciones laborales que se tienen respecto de los empleados; la violación de los derechos de autor, “fusilando” desde trabajos escolares hasta tesis doctorales; y, por supuesto, el fraude a la hora de tomar un examen.

 

Los hechos ocurridos en el Colegio Marymount de Barranquilla, de los que tuvo conocimiento el país la semana pasada, no son sino muestra de la relatividad moral que gobierna a quienes se rigen por la ley del más “vivo”. Hay voces que han querido restarle importancia al asunto, caricaturizando lo sucedido como una simple fechoría de unos cuantos muchachos, así como otros que han indicado que se trata de una acción con la que no se causó mal a nadie. Sin embargo, por muy irrelevante e intrascendental que les parezca a algunos la noticia, resulta interesante revisar unos puntos relacionados con lo acontecido en el colegio, que bien merecen la pena ser tratados.

 

En primer lugar, es muy importante que la Fiscalía investigue el comportamiento del profesor de la academia de pre-icfes que vendió los exámenes. No se puede reducir la actuación del “maestro” a una conducta inocua, asimilándola, como hicieron algunos, a la compra de un árbitro en un partido de fútbol amistoso. El provecho económico obtenido por el profesor, acompañado de los perjuicios sufridos por las instituciones educativas envueltas, hacen necesario que el pedagogo sea ejemplarmente sancionado. ¡No todo vale!, menos aún que quede en el aire que a un profesor que vende exámenes, aunque se trate de simulacros, no le pase nada…

 

En segundo lugar, hay que parar ya con los abusos en el ejercicio de la acción de tutela. En el caso en comento no se evidencia vulneración alguna de un derecho fundamental: no existió violación del derecho a la educación, ni a la igualdad, mucho menos, al debido proceso. Hay que aclarar que, en virtud del principio de la autonomía escolar, las sanciones pueden ser prescritas según el criterio de la institución educativa. Si en algo pecó el Marymount, fue en la imposición de una sanción a todas luces insuficiente frente a la gravedad de la conducta. Una ceremonia de grado sin toga, ni birrete, no es pena proporcional respecto de la infracción cometida, no constituye la violación de un derecho fundamental, ni genera un perjuicio irremediable en contra de los accionantes. Por lo tanto, bajo ningún punto de vista, la acción de tutela está llamada a prosperar.

 

Ahora, en cuanto a la medida provisional decretada por el Juez constitucional, si bien se trata de un mecanismo para proteger el derecho, suspendiendo el acto que lo amenaza, necesario es entender que se ordena con el propósito de no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. Pero, en casos como el que nos ocupa, donde lo que es evidente es la no vulneración de un derecho fundamental, no se justifica una medida de tal naturaleza. La acción de tutela no se puede convertir en el mecanismo por medio del cual se atacan las decisiones de una institución educativa, adoptadas precisamente conforme a los principios y valores que llaman la atención de los padres a la hora de escoger quién contribuirá con la formación integral de sus hijos.

 

Finalmente, más importante que todo lo anterior, es el trasfondo ético que tiene la situación. Colombia ha sido testigo de innumerables casos de corrupción en los cuales los protagonistas son profesionales formados en los mejores colegios y universidades del país y del exterior. Es absolutamente inconcebible que quienes, en un país con tanta desigualdad, cuentan con el privilegio de gozar de una educación de altísimo nivel, sean también quienes terminan incurriendo en actos inmorales. Algo está fallando en el sistema, y mucho me temo que en eso tenemos la mayor parte de la responsabilidad los padres de familia. Es vital enseñarles a nuestros hijos a ser, no los más “vivos”, sino personas correctas y de bien.

 

Gran ejemplo dio el Marymount con su decisión. Además de valiente, se trató de un mensaje esperanzador que, repleto de coherencia e historia institucional, reivindica la importancia de la ética como principio rector de la conducta humana. Los alumnos involucrados deberían corresponder el esfuerzo del colegio, y, en un acto de gallardía, aceptar su error y pedir disculpas, la sociedad y sus compañeros inocentes seguramente les sabrán reconocer ese noble acto.

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