LA CONTRATACIÓN DE VENEZOLANOS

POR GUILLERMO ESCOLAR FLÓREZ

La crisis en Venezuela aún no toca fondo, cada vez son mayores las desgracias del querido pueblo hermano, por cuenta de un gobierno tirano que ha dado al traste con las instituciones de ese país, concentrando todos los poderes públicos en cabeza de un líder ilegítimo e incapaz, que hoy mantiene a sus ciudadanos sumidos en la más dramática e injusta miseria.

Las consecuencias para la región no se han hecho esperar, el éxodo de venezolanos es una realidad, principalmente hacia Colombia, por obvias razones de vecindad. Nuestro país no puede dar la espalda a la crisis humanitaria que padecen nuestros vecinos, y es importante abrir las puertas a las víctimas de un sistema político que, por demás, hay que evitar a toda costa adoptar.

Según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente residen en Colombia más de medio millón de venezolanos, esto sin contar a los portadores de las tarjetas de movilidad fronteriza. Es normal encontrarlos laborando en distintos sectores de la economía, como la salud, la construcción, salones de belleza, restaurantes, sólo para mencionar unos pocos ejemplos.

Asunto importante en esta difícil coyuntura es verificar las condiciones de vinculación laboral de trabajadores de esa nacionalidad, teniendo en cuenta dos aspectos principales: el primero, el cumplimiento de las leyes migratorias; y el segundo, el cumplimiento del régimen laboral colombiano.

En relación con el primero de estos aspectos, el Gobierno Nacional ha adoptado el denominado Permiso Especial de Permanencia (PEP), destinado a los ciudadanos venezolanos que, conforme a la última Resolución emitida por Migración Colombia para tal efecto (R. 0361 del 6 de febrero de 2018), se encuentren en territorio colombiano a fecha dos (2) de febrero de 2018. Estas personas tendrán un plazo de cuatro (4) meses para solicitar el PEP, siempre y cuando, además de encontrarse en el país para la fecha antes señalada, hubieren ingresado a territorio nacional por un puesto de control migratorio habilitado, con su respectivo pasaporte (esto representará sin duda una gran dificultad para quienes quieran ingresar al país, toda vez que en Venezuela es limitada la expedición de pasaportes); no tengan antecedentes judiciales, nacionales o internacionales; y no tengan una medida de expulsión o deportación vigente.

El PEP se otorga por un período de noventa (90) días, prorrogables por períodos iguales hasta por un término de dos (2) años. Dentro de este término, el nacional venezolano deberá haber tramitado y obtenido la visa, so pena de incurrir en permanencia irregular.

Respecto del tema que nos ocupa, oportuno es aclarar que el titular del PEP tiene derecho a desarrollar cualquier actividad legal en Colombia, incluidas aquellas que correspondan a una vinculación de naturaleza laboral. Sin embargo, se debe tener en cuenta que las personas naturales o jurídicas que contraten a un titular de un PEP, tienen la obligación de reportar ante Migración Colombia dicha vinculación, así como la actividad que dentro del marco de la misma se ejerce.

Cualquier persona natural o jurídica que contrate a un nacional venezolano sin un Permiso Especial de Permanencia, o sin visa, y que, además, no informe a Migración Colombia acerca de tal vinculación, se verá expuesto a sanciones administrativas por parte de las autoridades nacionales, como ya le ha ocurrido a más de 600 empresas.

Por otra parte, en lo que concierne al segundo aspecto arriba enunciado, así se cumplan todas las leyes migratorias para la vinculación laboral, lo que no pueden hacer los colombianos es aprovecharse de la necesidad de los inmigrantes venezolanos, para contratarlos en condiciones que violenten el régimen laboral colombiano, ya sea porque no se cumple con los mínimos establecidos en la ley, en términos salariales, prestacionales y de seguridad social; o porque son vinculados en situación de desigualdad frente a trabajadores que ejercen actividades y funciones similares, pero son de nacionalidad colombiana. Esto evidentemente también conduciría a sanciones en contra de los empleadores.

La crisis en Venezuela no puede ni debe convertirse en un factor que potencialice la contratación ilegal de trabajadores extranjeros en nuestro país, como tampoco puede derivar en la violación de las condiciones laborales internas en perjuicio de los trabajadores nacionales. Las autoridades deben ser implacables al momento de sancionar estas conductas.

Tiene un gran reto por delante el Gobierno Nacional, en razón a que, incluso sin el medio millón de venezolanos, la ha visto difícil a la hora de reducir la tasa de desempleo, ahora más, que debemos extenderles la mano a nuestros vecinos. Imperativo es entonces que el Gobierno busque apoyo internacional para conjurar la crisis que ya hace meses tocó nuestras puertas, de manera que logre garantizar que ningún trabajador colombiano será desplazado por la contratación ilegal de ciudadanos venezolanos, y también, contar con recursos para brindarles oportunidades laborales a los titulares de los Permisos Especiales de Permanencia.