Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo: impacto real y retos

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Por: Andrea Ramírez Castañeda.

Durante la última década, la sostenibilidad y el crecimiento social han ocupado una parte importante de la agenda internacional generando que, desde los sectores públicos y privados de diferentes países, se produzca cada vez más eco sobre la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan con el progreso integral de la humanidad. Colombia no es ajena a la discusión y, desde diversos campos, se ha hecho parte en proyectos institucionales que así lo reflejan.

A raíz de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas suscrita en 2015, el país abrió lugar, entre otras, a la implementación de un modelo de empresa se enfoca no sólo en el beneficio de sus socios o accionistas, sino que incorpora unos objetivos sociales y medioambientales importantes relacionados con sus grupos de interés.

Para tal efecto, la Ley 1901 de 2018 creó la figura de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo la cual puede ser aplicada a cualquier tipo de sociedad comercial que propenda por sintonizar el beneficio económico de sus socios o accionistas con el interés colectivo y el medio ambiente. Así, las sociedades BIC generan valor desde tres frentes: el económico, el social y el ambiental.

En cuanto a sus características particulares, las empresas BIC determinan políticas y planes de acción real destinados a cubrir cinco facetas: i) la implementación de un modelo de negocio justo e inclusivo; ii) la estructuración de un gobierno corporativo amplio que abarque a los diferentes grupos de interés; iii) la adopción de prácticas laborales tendientes al crecimiento y desarrollo social, intelectual y económico de los trabajadores; iv) la implementación  de prácticas ambientales sostenibles y eficientes; y, v) la generación de oportunidades de trabajo y actividades de inclusión para sectores especialmente vulnerables.

La adopción de estas medidas debe responder a unos requisitos formales como reforma del objeto y razón social, publicación de informes anuales de cumplimiento a través de los estándares autorizados por la Superintendencia de Sociedades, implementación y mantenimiento real de las políticas adoptadas, entre otros. Por su parte, la reglamentación en materia de sociedades BIC dispuso tres incentivos aplicables a las empresas que adopten el modelo, consistentes en un portafolio preferencial de servicios en materia de propiedad industrial reflejado en alivios en las tasas de registro; un tratamiento tributario preferencial para las utilidades repartidas a través de acciones a trabajadores y el acceso primario a líneas de créditos ofrecidos por el Gobierno, de los cuales, por ejemplo, se destaca la apertura de dos líneas de crédito importantes a través de BANCOLDEX en agosto pasado, a las que pueden acceder preferencialmente estas empresas.

En Colombia, empresas como Alquería, Minera Quebradona – filial del Grupo Anglogold Ashanti, Axxus Group, entre otros, han adoptado el modelo BCI; no obstante, aunque el país estuvo a la vanguardia en la región al adoptar este modelo empresarial, a la fecha, no se evidencian estadísticas oficiales que permitan determinar cuál ha sido la acogida real de la figura.

Ahora bien, resulta interesante revisar cuál ha sido el impacto de la creación de las sociedades BIC en Colombia desde dos aristas. En primer lugar, frente a los atractivos que representa para el empresariado adoptar esta tendencia; y, en segundo, respecto su huella en el desarrollo societario.

En cuanto al atractivo de las sociedades BIC para los empresarios de diferentes niveles, si bien es posible evidenciar ventajas a la hora de implementar el modelo, estas se ven representadas principalmente en un impacto de carácter reputacional positivo, la valoración del capital humano como activo intangible y diversificación en la inversión de capital. No obstante, se considera que gran parte de estos beneficios ya tienen lugar con la adopción de sistemas de buen gobierno corporativo que ha tenido un auge durante la última década.

Por tal motivo, se considera que, en aras de lograr una huella perceptible en las prácticas societarias, el país tiene retos importantes en la generación de beneficios tangibles para los empresarios como exenciones tributarias significativas y generación de oportunidades que incrementen la competitividad de las empresas. Adicionalmente, resulta necesario implementar mecanismos de divulgación y pedagogía que permitan poner en conocimiento de todo el espectro empresarial – MiPYMES y grandes empresas – las ventajas y la importancia de adoptar prácticas que permitan su sintonía con las tendencias que en el mundo se vienen adoptando.

De esta manera, aunque se reconoce el gran esfuerzo empleado por la administración actual en situar al país como un referente regional en las nuevas formas de desarrollo empresarial, no puede perderse de vista que existe un camino por recorrer. Sin embargo, en este nuevo trayecto, además de las iniciativas estatales, se requiere una participación activa de los grupos empresariales frente a la proposición y adopción de iniciativas que permitan impulsar a las empresas hacia un modelo moderno que incremente sus beneficios como vehículo económico mientras impactan positivamente sectores que han adquirido – y adquirirán cada vez más – una importancia significativa en la economía y la sociedad.

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