POR GUILLERMO ESCOLAR FLÓREZ
Nos encontramos a pocas semanas del aniversario de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, así como del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. En el último año, las consecuencias producidas por el coronavirus fueron devastadoras. Decenas de miles de compatriotas murieron y millones se contagiaron por cuenta del COVID-19. Por si fuera poco, atravesamos por la peor recesión económica de la historia, de la cual no va a ser nada fácil salir.
Efectos dramáticos se han producido en prácticamente todas las áreas. El sector legal, por ejemplo, se enfrentó a la necesidad de transformarse a los trancazos debido a la pandemia. Aunque duela decirlo, el COVID-19 ha sido un detonante de cambios en el derecho. En ese sentido, es oportuno preguntarse si esos cambios son pasajeros y si volveremos a la manera de trabajar antes de la epidemia. Hay que aclarar qué le espera al sector legal en el futuro próximo.
Debo empezar por decir que la administración de justicia realizó un enorme esfuerzo por acomodarse a las circunstancias. La implementación de la virtualidad se hizo en tiempo récord. Las audiencias virtuales y el expediente digital son hoy una realidad, aunque el proceso de adaptación fue un poco tormentoso y existen aún grandes retos por delante.
A pesar de las dificultades presentadas, me atrevería a afirmar que los abogados ven con buenos ojos que se siga adelante en el camino del litigio digital. Es innegable que las audiencias virtuales, el expediente electrónico y el uso del email, han generado unas eficiencias inéditas en el ejercicio de la profesión.
Sin embargo, para el éxito de este nuevo sistema es fundamental que la administración de justicia cuente con más recursos. Por un lado, de orden técnico, como buenos equipos de software y hardware que garanticen la conectividad a la hora de realizar las audiencias y el acceso a los expedientes. Por otro lado, de naturaleza humana, capacitando a los operadores judiciales en el uso de las herramientas necesarias para el buen desarrollo de un proceso judicial a través de medios digitales.
Los abogados también deberán capacitarse en el uso de estos sistemas, eso es claro, pero su esfuerzo no se reduce únicamente a este aspecto. La falta de contacto personal con los clientes ha dificultado la labor de los profesionales del derecho. Lo anterior, como resultado del aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, medida que no sabemos por cuánto tiempo perdurará.
Por tanto, es recomendable pensar en el desarrollo o licenciamiento de un software para la gestión de los clientes, que facilite la interacción con ellos. Por medio de este tipo de programas, los abogados pueden, entre otras cosas, almacenar en la nube toda la información de sus clientes; crear los proyectos contratados; asignar las tareas a ejecutar; contabilizar las horas trabajadas; evaluar el rendimiento y competencias de los asociados; y, generar informes en forma automática sobre cada una de las actividades ejecutadas en un determinado período.
Ahora, la implementación del software por sí mismo no es la solución. Estos programas funcionan en estructuras de negocios relativamente organizadas, de manera que agregarán valor en firmas o despachos administrados y gestionados correctamente. En consecuencia, es importante que los abogados tengan conocimiento en la gestión de proyectos legales. El Legal Project Management (LPM), como se conoce esta disciplina en inglés, cada día despierta mayor interés. Las firmas más importantes del mundo y de Colombia han adoptado esta metodología de trabajo. Entonces, un software de gestión de clientes puede contribuir a generar grandes eficiencias, lo cual es indispensable a la hora de ofrecer un servicio de alta calidad, a un menor costo.
Estas son condiciones esenciales para hacerle frente al surgimiento de nuevos competidores en el sector legal, conocidos como proveedores de servicios legales alternativos. En efecto, la aparición de emprendimientos legales de base tecnológica es cada vez mayor. El ecosistema de las Legal Tech en el país, que cuenta actualmente con más de un centenar de empresas, ofrece una gran variedad de servicios.
Las Legal Tech proliferaron durante la pandemia y es muy probable que empiecen a ganar una buena porción del mercado en los próximos años. Hoy, los colombianos pueden acceder a servicios de generación automatizada de documentos legales; servicios jurídicos online con modelos de pago por suscripción; servicios de investigación jurídica, algunos de ellos con el apoyo de la inteligencia artificial; y, servicios de análisis y revisión de documentos, solo por mencionar unos cuantos ejemplos.
En ese orden de ideas, la conclusión evidente es que al sector legal le esperan más avances tecnológicos. La administración de justicia continuará trabajando en la implementación del litigio en línea; los abogados generarán grandes eficiencias con el apoyo de software de gestión y de la inteligencia artificial; y, cada vez habrá más proveedores de servicios legales alternativos, con productos innovadores de bajo costo.
En este escenario, es apenas prudente empezar por el principio. Hay que formar a los estudiantes de derecho en áreas como la innovación y el emprendimiento. Los alumnos deben entender la importancia de la tecnología para el derecho. Deben comprender que hay nuevas maneras de prestar servicios legales, y que es necesario preparase para ingresar a un mercado en el que la tecnología jugará un rol protagónico.