REFORMA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE HABEAS DATA: DERECHO AL OLVIDO

Por: Andrea Ramírez Castañeda.

Durante los últimos dos años, la sociedad, en sus diferentes esferas, ha experimentado profundos cambios que han puesto de presente la necesidad de buscar soluciones a las crisis ocasionadas por la pandemia.

Indudablemente, la situación económica de los hogares y comercios colombianos se vio fuertemente afectada, generando iniciativas para implementar mecanismos que permitan reactivar la economía y afrontar los retos de la recesión, dentro de los cuales se encuentra la dificultad de muchos colombianos de mantenerse al día con sus obligaciones financieras.

Por tal motivo, durante los años 2019 y 2020 se tramitó en el Congreso un proyecto que buscaría reformar la Ley 1266 de 2008 (Proyecto de Ley Estatutaria Número 314 de 2019 Cámara y 62 de 2019 Senado), relacionada con el hábeas data y las bases de datos relacionadas con información financiera y comercial. 

Como lo expresa la exposición de motivos del Proyecto de Ley, resulta necesario brindar oportunidades para que “los ciudadanos tengan acceso al sector financiero de manera amplia, pues a través de su función de recaudar el ahorro de la sociedad, para luego ser redistribuido entre los hogares colombianos y los distintos sectores económicos y, a efectos de dinamizar la economía, la amplitud del crédito es esencial”.

Es por esto que se observan importantes cambios en materia de protección de datos personales que deben ser tenidos en cuenta por los ciudadanos para que hagan uso de sus derechos y por las empresas relacionadas con financiamiento y crédito, para que puedan implementar los cambios necesarios y eviten investigaciones y sanciones. 

Por un lado, la nueva Ley prevé un período de transición que contiene varios escenarios. En primer lugar, se eliminará de manera inmediata el reporte negativo de las personas que, a la entrada en vigor de la norma, hubiesen cancelado sus obligaciones. Así mismo, quienes cancelen sus deudas dentro de los 12 meses siguientes, tendrán derecho a que su reporte negativo sea retirado de centrales de riesgo en un tiempo máximo de seis meses. 

Para grupos poblacionales determinados, es decir, estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto, la eliminación de los reportes negativos se deberá realizar una vez salden la deuda que los origina; es decir, no deben esperar seis meses para ser eliminados de centrales de riesgo. 

En materia de procedimiento, la norma también exige que para las deudas iguales o inferiores al 15% de un salario mínimo legal mensual vigente, la fuente remita dos preavisos antes de reportar el dato negativo ante centrales de riesgo. Así mismo, la Ley exige que los indicadores de calificación crediticia se normalicen de manera concurrente con la eliminación del reporte. 

Las víctimas de suplantación personal también se verán beneficiadas, pues con la solicitud de actualización acompañada de la denuncia respectiva, se deberá eliminar el dato negativo, dejando la constancia de que se configuró esta situación. Finalmente, las centrales de riesgo deberán poner a disposición de los titulares de datos personales mecanismos de acceso gratuitos para las consultas del historial crediticio y la revisión de los reportes a su nombre. 

En días pasados, medios de comunicación especializados y no especializados reportaron que la Corte Constitucional había aprobado el proyecto de ley que modificaría la Ley de Hábeas Data e incluso analizaron el texto conciliado; sin embargo, la única sentencia que este órgano ha proferido a lo largo del año en la materia es la C-032 de 2021 en la que declara la exequibilidad de un proyecto de Ley que se encuentra archivado en el Congreso y que buscaba crear el Registro De Deudores Alimentarios Morosos (Proyecto de Ley Estatutaria Número 213 de 2018 Senado, 901 de 2018 Cámara). 

Con el problema antes planteado se vuelve a la incertidumbre sobre el momento en que se concretarán los beneficios que acarrea un proyecto de ley que tiene la intención de modificar el funcionamiento de la economía, acorde con las circunstancias que se han vivido en este tiempo. Urge, entonces, que las entidades encargadas realizar las revisiones y correcciones que tengan lugar.